España se despereza

 

Manifestación en Madrid el 15 de mayo pasado. Foto: gaelx / bajo licencia Creative Commons

España se mira atónita porque no se creía capaz de algo así, y eso que casi no ha hecho nada: unos cuantos miles de manifestantes en Madrid y otros cientos en Barcelona que reclaman cambios en la ley electoral, más participación democrática real y un freno a los políticos de carrera que no paran de salir imputados en casos de corrupción y además se niegan a, por ejemplo, viajar en clase turista cuando el país está sumido en su peor crisis económica desde la muerte de Franco.

Se puede decir que es la cifra escalofriante de desempleados (casi 5 millones en un país de 40) la que ha llevado a estos miles de españoles a manifestarse, pero sería muy simplista decir que ha sido sólo eso: el español medio, además de verse hundido en un sistema que le prometió que sería rico de prestado para siempre (mediante tarjeta de crédito e hipoteca), ve cómo políticos de prácticamente todos los partidos están acusados de corrupción (el caso más escandaloso de todos, sin duda, el de la trama Gurtel, con la que el PP presuntamente robaba de manera sistemática en al menos cuatro comunidades autónomas). Y lo más insólito de todo es que muchos de esos imputados serán candidatos y muy probablemente elegidos alcaldes o presidentes de comunidad autónoma.

Sin embargo, algo de anomalía deben tener las manifestaciones de Madrid y Barcelona en la historia de la Democracia española para que los políticos del PSOE y el PP se unan en su preocupación debido a ellas. Tampoco es que estén siendo tan masivas como para pensar en una revuelta, de momento, pero los políticos en España no están acostumbrados a las manifestaciones en su contra. Siempre que en España hay manifestaciones masivas son, generalmente, contra el terrorismo, y en ellas pueblo y gobierno caminan del mismo lado.

El tic negacionista

Tan poco acostumbrados están los políticos españoles a manejar este tipo de situaciones, que no pueden dejar de sucumbir al tic nervioso de la negación rápida y tajante, como si cerrar los ojos o minimizar los hechos conjurara todo peligro en potencia. La figura más afectada por este tic ha sido sin duda Francisco Granados, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien ha dicho que los acampados en la Puerta del Sol "afectan la convivencia" de los madrileños, como si se tratara de caprichosos antisistema que quieren bloquear el paso de los ciudadanos por una arbitrariedad, como si esas miles de personas no tuvieran suficientes razones para quejarse, marchar y gritar contra todos los gobiernos (el central y los autonómicos) por su falta de visión estratégica, de responsabilidad y de valentía para emprender unos cambios estructurales que son urgentes. Cambios que no llegarán de la mano de ninguno de los dos partidos mayoritarios, ya que el sistema electoral español ha enquistado un modelo que les deja prácticamente el poder repartido en alternancia indefinida, ¿y qué partido político quiere pavimentar el camino hacia el reparto de poder?

Desde que se acordó el "borrón y cuenta nueva" tras el franquismo, el PSOE (heredero institucional del bando republicano) y el PP (heredero del bando golpista de Franco) acordaron lavar los trapos sucios en casa mientras se turnaban el poder, con el acuerdo tácito de no mirar atrás. Por esa razón, por muy hipócrita que haya sido la estrategia del PP en la oposición pidiendo elecciones generales anticipadas para empujar del sillón presidencial a José Luis Rodríguez Zapatero, no ha sido más que el reclamo de su turno tras casi ocho años de mandato del PSOE.

Es curioso que, aunque en el PP saben que cuando baje el PSOE suben ellos y viceversa, no escatiman recursos para hacerlo de la manera más rápida posible, como por ejemplo poniéndose "del lado del pueblo español": supuestamente defendiendo los intereses de los pensionistas (cuando la congelación de las pensiones), de los trabajadores del Estado (cuando los recortes de 5% en los sueldos), de los jóvenes desempleados... y hasta parecía que el PP daba un giro hacia lo social.

Pero ante la pevisible vuelta al poder, a Rajoy, Aguirre y todo el séquito de acosadores presidenciales ya no les está gustando lo que ven: que ahora la gente se ha indignado de verdad, que el "mientras peor mejor" ahora les va a tocar gestionarlo a ellos y que ni en una alcaldía ni en la Moncloa cabe el pretexto de: "Es que el que estaba antes que yo lo ha hecho muy mal".

Y de todas y cada una de esas actitudes la gente está diciendo "Basta", pero cómo lograr un cambio si quienes hacen las leyes son los menos interesados en él.

La ILP y el Poder Constituyente 

Las movilizaciones de los 'indignados', como les ha empezado a llamar la prensa, comenzaron en gran medida por el impulso del movimiento Democracia Real Ya. Se ha redactado un manifiesto y se ha intentado dar forma a un movimento ciudadano, pero hoy por hoy los cambios sólo pueden venir desde dentro de las instituciones establecidas... o estableciendo nuevas instituciones.

En el primer caso, una posible fórmula es la de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que permite en España que se admita a trámite legislativo una propuesta ciudadana sin pasar por los legisladores. Así salió adelante, por ejemplo, la ley antitaurina catalana. Se trata de un instrumento que puede ser utilizado de manera responsable para hacer que se debatan cambios profundos desde el Poder Legislativo.

En el segundo caso, tal vez la única manera de lograrlo por medios pacíficos es mediante el Poder Constituyente, que es el que "tiene la facultad para establecer la Constitución Política del Estado y se encuentra radicado en el pueblo o Nación (...) Este poder se pone en acción cuando nace un nuevo Estado y cuando cae un régimen político como consecuencia de un quiebre institucional". Ecuador y Bolivia han usado el Poder Constituyente recientemente para refundar sus instituciones.