¿Y después de las acampadas qué? Una propuesta de Poder

Asamblea en la Plaza Botines de León. Foto: Curro Sagües en spanishrevolution.es

Mientras la casta política española sigue a lo suyo, es decir, a las puyas entre partidos y a las patadas bajo la mesa dentro de ellos, la llamada Spanish Revolution sigue creciendo y fortaleciéndose, aunque los “servidores públicos” profesionales crean, ingenuamente, que el peligro para sus puestos ya ha pasado.

Como los partidos políticos sólo son capaces de actuar en términos electorales y las acampadas pacíficas no tuvieron tiempo ni fuerza para calar en los comicios del 22 de mayo pasado, el susto de que esas manifestaciones pudieran alterar las previsiones electorales pasó rápido, como si se tratara de un anuncio de huracán que finalmente devino en tormenta tropical.

Pero esas figuras públicas ahora han pasado del susto a infravalorar lo que sucede en la calle. Quien crea que el tiempo debilitará el movimiento –o mejor dicho, el conjunto de movimientos autónomos pero bien organizados–, o es un pésimo estratega o sabe lo que puede venir pero su actitud es más un reflejo de sus deseos y no de lo que racionalmente se puede esperar.

El discurso de los medios y los políticos más cercanos a la derecha que intentó descalificar el movimiento acusándolo de indigencia intelectual, vagancia y holgazanería ‘antisistema’, no se pudo sostener por sí mismo, ya que la calle nos muestra cada día no sólo jóvenes sino ancianos, veinteañeros, cuarentones, obreros, profesionales liberales, amas de casa y parados de todo tipo y extracción social, juntos en la tarea común de debatir cómo hacer que España sea un país mejor para todos. Y todos coinciden en que para que eso suceda se necesita un cambio radical en la estructura y el funcionamiento del Estado.

En un país histórica e interesadamente fragmentado en visiones provincianas aparentemente antagónicas y sin remedio (Monarquía-República, España-Cataluña, Barça-Madrid y tantos otros de tinte más local), estos movimientos rompen por primera vez esa inercia maniquea –la de: estás conmigo o contra mí– y con ella la posibilidad de que se siga perpetuando un modelo de Estado y sociedad fraguado para quedar todos bien parados tras el franquismo, pero que 35 años después no aguanta más y se hace necesario corregir lo que no se hizo bien en la Transición: una ley de memoria histórica que investigue y lleve al banquillo a los criminales de ambos bandos durante la Guerra Civil y a los criminales del régimen de Franco. Pero también una política territorial inclusiva en equilibrio con los nacionalismos (incluido el español) que desactive las tensiones y los prejuicios históricos.

Y por último pero sobre todo, nuevas leyes que protejan más a los ciudadanos que a los bancos y las empresas, con reglas claras sobre aplicación de derechos sociales, condiciones laborales y respeto por el medio ambiente. Leyes que permitan impulsar una economía sostenible basada en la educación crítica y de calidad y en la producción de conocimento. Y más importante aún, transparencia y esmero en la gestión de un Estado sólido, realmente regulador de las actividades empresariales (ya está más que comprobado que la desregulación o la autorregulación de las empresas nos ha llevado a donde estamos) y sin compromisos con el capital privado.

Por tanto, la Spanish Revolution, con sus asambleas de barrio, sus propuestas de mejora del Estado y su ánimo creciente, para lograr su objetivo, tarde o temprano habrá de recurrir al Poder Constituyente, que según el diccionario de la Real Academia Española es: "El que corresponde a la soberanía popular para organizarse, dictando y reformando sus Constituciones", por lo que no es un Poder que se le tenga que pedir a nadie sino que ya se posee. Y en este momento, el movimiento ciudadano tiene la oportunidad de reclamarlo para sí y ejercerlo.

La Constitución española no reconoce al Poder Constituyente, como sí lo hacen la italiana y la francesa al hacer una distinción entre Poder Constituyente y Poder de Reforma, pero el Constituyente, al residir en la soberanía popular, no está sujeto a los poderes constituidos. En España, eso sí, se hace referencia en el artículo constitucional 169 a que "No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116". De aquí la gran importancia que tiene que el movimiento iniciado el 15 de mayo de 2011 se mantenga, pase lo que pase, como un movimiento pacífico y organizado.